La demanda esta dirigida contra las fuerzas de seguridad y los fabricantes de armas y exigirá una compensación de $27 mil millones. El abogado especialista en derechos humanos, Charles Bonner, aseguró que la demanda se basa en los derechos humanos protegidos por la Constitución de los Estados Unidos.
Bonner afirmó que la demanda involucrará a la policía escolar, la policía de la ciudad, los jefes de policía, y los policías estatales, conocidos como Texas Rangers. Además, se esta responsabilizando del ataque a Daniel Defense, fábrica donde se produjeron las armas, y a Oasis Outback, donde el agresor compró las armas.
Así también, se estaría acusando a la Junta Escolar y a la municipalidad de Uvalde por no proveer un espacio seguro para los menores de edad. La demanda sería presentada en setiembre en cuanto se cierre la investigación policial.
El abogado detalló que la demanda será dirigida por su estudio, pero dado el tamaño y el número de implicados se incluirán a varios estudios de abogados socios. Entre ellos se encuentra la ONG en contra de la violencia con armas, Everytown.
Los expertos legales afirman que la cifra de $27 mil millones posiciona un alto precio de no hacer nada para frenar la violencia con armas en Estados Unidos. Los demandantes aseguran que el 24 de mayo se violó la enmienda 14 de la constitución que garantiza el derecho a la vida. Es por esto que responsabilizan a las fuerzas de seguridad por la falla a este derecho humano.