Departamento de Justicia de Estados Unidos apeló la designación de un perito independiente para analizar los documentos incautados a Trump

La defensa del ex presidente alegó que el nombramiento de un investigador nuevo brindaría “confianza” a la investigación sobre los documentos oficiales.

El Departamento de Justicia de EEUU apeló este jueves la decisión de una jueza federal a favor de la designación de un perito independiente que supervise los documentos incautados por agentes del FBI durante el registro de la vivienda en Florida del ex presidente Donald Trump.

Mediante un escrito remitido a la jueza federal Aileen Cannon, el Departamento de Justicia dio a conocer su intención de apelar la decisión de esta magistrada, quien el lunes aceptó el pedido hecho por Trump para que un perito independiente supervise los documentos retirados durante el allanamiento en Mar-a-Lago el pasado 8 de agosto.

La magistrada Cannon, del distrito Sur de Florida, ordenó que el perito, aun por designar, se encargue de revisar los bienes incautados, gestionar las afirmaciones de privilegio invocadas al respecto, hacer recomendaciones y evaluar las reclamaciones de devolución de bienes. El Departamento de Justicia había señalado con anterioridad que era innecesaria la designación de este perito, dado que un equipo había seleccionado los documentos que podrían estar cubiertos por el privilegio abogado-cliente, y que dicha figura retrasaría la investigación criminal que realiza el Gobierno.

“La orden de la Corte dañaría irremediablemente al Gobierno y al público al requerir innecesariamente que el Gobierno comparta materiales altamente clasificados con un maestro especial”, señaló la Fiscalía estadounidense en el escrito de este jueves. La decisión de la magistrada tiene como consecuencia que el Departamento de Justicia detuviera la revisión de los documentos incautados, de los cuales más de un centenar son clasificados, según dijo la Fiscalía estadounidense.

No obstante, permitió que la Oficina del Director de Inteligencia Nacional pueda continuar la evaluación del posible riesgo para la seguridad nacional que constituye la eliminación de la custodia gubernamental de documentos clasificados, algunos relacionados con secretos de Gobierno y de inteligencia tachados como “top secret”.