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El Ministerio de Justicia de Rusia incluyó oficialmente a la ONG ecologista Greenpeace en su listado de organizaciones indeseables, siguiendo así la decisión de la Fiscalía anunciada a mediados de mayo.
Así, Moscú sentenció que la organización, con sede en Países Bajos, está involucrada en “violaciones de los Derechos Humanos y libertades fundamentales y derechos y libertades de los ciudadanos de la Federación Rusa”.
El Ministerio Público acusó a la ONG de camuflar con “actividades ambientales” una verdadera posición política e “intentos de interferir en los asuntos internos del Estado”, con un claro objetivo de “socavar las bases económicas” de Rusia.
Por su parte, Greenpeace salió al paso para apuntar que esta decisión de la Fiscalía hacía que fuera “ilegal continuar cualquier actividad en Rusia”, con lo que informó del cierre de su sucursal en el país euroasiático.
“Decir que Greenpeace Rusia ha estado actuando en contra de los intereses de Rusia es ignorar por completo lo que la organización ha estado haciendo durante 30 años”, indica el comunicado difundido por la organización, que rechaza rotundamente las acusaciones vertidas por al Fiscalía.
