El presidente polaco, Andrzej Duda, nombró a 76 nuevos jueces, seis de ellos para el Tribunal Supremo, en aplicación de la polémica reforma judicial de 2015 que ha sido condenada por los tribunales europeos.
El nombramiento de los 76 “neojueces”, como se conoce a los magistrados nombrados tras la politización del Consejo Nacional del Poder Judicial, será efectivo este jueves y supone la mayor tanda de incorporaciones desde que se implementó la reforma judicial de 2015.
Seis de los nuevos jueces desempeñarán sus funciones en el Tribunal Supremo, un organismo cuya independencia se cuestiona desde instancias nacionales e internacionales al estar formado por magistrados elegidos en el Parlamento o directamente por el presidente, sin que la magistratura pueda oponer veto.
Se da la circunstancia de que uno de los nombrados, Krzysztof Grzesiowski, ha formado parte del Gobierno regional de Lubusz (oeste) bajo las siglas del partido gubernamental, el ultraconservador Ley y Justicia (PiS).
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ya ha dictaminado en cinco sentencias que los “neojueces” del Tribunal Supremo polaco no pueden garantizar un juicio justo por sus vínculos y dependencia del Ejecutivo.
El Gobierno polaco fue sancionado con una multa diaria de un millón de euros, más tarde rebajados a la mitad, el 3 de noviembre de 2021, por no haber adoptado medidas suficientes para garantizar la independencia del Poder Judicial y haberse negado durante más de un año a suprimir la Cámara Disciplinaria Judicial, con poder para sancionar, suspender o trasladar a cualquier juez del país.
Además, Bruselas mantiene bloqueados los fondos de recuperación pospandemia destinados a Varsovia hasta que no se concreten cambios en la organización judicial del país que protejan la independencia de los jueces y se restituya en sus puestos a los magistrados suspendidos.