El Gobierno de Pakistán anunció un ajuste en algunos puntos del presupuesto para el año fiscal 2023-2024, en un último esfuerzo por desbloquear un rescate clave del Fondo Monetario Internacional (FMI) que expira a finales de mes.
Las nuevas modificaciones prevén recaudar 215.000 millones de rupias (755 millones de dólares) en nuevos impuestos, así como recortar el gasto público hasta las 85.000 millones de rupias (298 millones de dólares), informó durante una sesion parlamentaria el ministro de Finanzas paquistaní, Ishaq Dar.
El ministro también anunció que se levantaba la prohibición a las importaciones que impuso el país asiático el pasado diciembre en un intento por reducir el déficit de cuenta corriente.
Esta revisión del presupuesto nacional se realizó después de que el primer ministro paqistaní, Shehbaz Sharif, mantuviera al menos tres encuentros con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, en los márgenes de la Cumbre de Financiamiento Global en París.
Sharif reiteró en esas conversaciones el compromiso de Pakistán para que el organismo financiero internacional reanude su programa de ayuda de 6.500 millones de dólares que el país asiático firmó en 2019 y que vence a finales de este mes.
En caso de aprobarse esa ayuda, este país del sur de Asia recibirá un tramo de 1.100 millones de dólares para aliviar su economía pero, de lo contrario, el monto expirará a finales de mes.
Esta financiación es crucial para una nación cuya reserva de divisas se ha reducido a menos de 3.000 millones de dólares por primera vez en nueve años.
Pakistán no recibe ayuda del FMI desde el pasado agosto, cuando se aprobó la liberación de un tramo de 1.177 millones de dólares en medio de las peores inundaciones que experimentó el país y desde entonces el Gobierno ha tratado sin éxito de reanudar el programa de rescate con el organismo internacional.
Según un informe reciente del Instituto de la Paz de los Estados Unidos (PIPS), Pakistán debe pagar 77.500 millones dólares de deuda externa entre abril de 2023 a junio de 2026, lo que hace que el país enfrente el riesgo de un posible incumplimiento.