Líbano: Fiscal general ordenó la libertad de todos los sospechosos detenidos por la explosión en el puerto de Beirut en 2020

Esta decisión representa un nuevo revés para la investigación en Líbano, que se encuentra paralizada desde hace 13 meses por los recursos legales presentados por los políticos acusados, entre ellos el propio fiscal Ghassan Oweida.

El fiscal general del Líbano ordenó este miércoles la libertad de todos los sospechosos detenidos por la mortífera explosión en el puerto de Beirut en 2020, de acuerdo a lo indicado por el abogado de dos presos y funcionarios judiciales. “Hemos decidido liberar, sin excepción, a todos los detenidos en el caso de la explosión del puerto de Beirut y prohibirles que viajen, poniéndoles a disposición del Consejo Judicial en caso de que éste se reúna e informando a quien sea necesario”, reza una notificación firmada por el fiscal Ghassan Oweidat.

Esta decisión representa un nuevo revés para la investigación, paralizada desde hace años. La investigación amenaza a la elite gobernante, plagada de corrupción e ineficiencia, que ha precipitado al país a una crisis económica sin precedentes. El lunes, el juez Tarek Bitar reanudó la investigación, detenida durante 13 meses por recursos legales presentados por los políticos acusados, incluido el fiscal general. También llamó a declarar al ex primer ministro Hassan Diab y dos altos mandos libaneses.

Sin embargo, la Fiscalía considera que Bitar todavía “tiene las manos atadas” en el caso de la explosión, por lo que el proceso no cuenta con un magistrado que pueda decidir sobre los recursos presentados por las personas detenidas “desde hace más de un año” en su marco, según la notificación emitida hoy.

Diecisiete personas se encuentran con prisión preventiva desde la enorme explosión del 4 de agosto de 2020. Cientos de toneladas de nitrato de amonio, una sustancia altamente explosiva utilizada en fertilizantes, se detonaron en el puerto, con un saldo de 218 muertos, más de 6.000 heridos y la destrucción de gran parte de la capital.

Oweidat decidió ordenar la liberación de los sospechosos amparándose en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que defiende el derecho de los detenidos a la libertad. “Cualquiera que sea detenido por un cargo criminal debe ser llevado inmediatamente ante un juez u otro oficial autorizado por la ley para ejercer el poder judicial, y debe tener derecho a un juicio en un plazo razonable de tiempo o ser liberado”, reza el pacto adoptado por la ONU en 1966.