El Gobierno italiano aprobó este jueves un decreto ley que endurece las penas a los traficantes de seres humanos en el Mediterráneo. La medida llega como respuesta tras el naufragio del 26 de febrero en las costas de Calabria en el que murieron al menos 72 migrantes.
El decreto introduce una nueva tipología de delito, el de “muerte y lesiones por el tráfico de migrantes clandestinos“, y prevé penas de hasta 30 años de cárcel. Así lo explicó en una rueda de prensa la primera ministra, Giorgia Meloni, tras el Consejo de Ministros, celebrado en la localidad de Cutro, en cuyas costas se produjo el naufragio.
La tragedia se consumó en la noche del 26 de febrero cuando una barcaza de madera que había zarpado cuatro días antes de Turquía se hundió a pocos metros de las costas italianas. Tras el desastre se detuvo a tres supuestos traficantes que trabajan para las organizaciones criminales que se lucran con estos peligrosos viajes a Europa.
La nueva doctrina, explicó la ultraderechista Meloni, asumirá este nuevo delito como “universal” y será perseguido “incluso si se comete fuera de los confines nacionales”. El ministro de Justicia, Carlo Nordio, afirmó que este “aumento de la jurisdicción italiana” supondrá que si un traficante capturado causó lesiones o la muerte a un migrantes durante la travesía, se le impondrá este nuevo tipo de delito agravado.