La secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Agnès Callamard, ha subrayado en el día de hoy que el “castigo colectivo” infligido a la población civil en la Franja de Gaza se caracteriza como un acto “cruel e inhumano”, lo que podría constituir un crimen de guerra.
Callamard ha hecho hincapié en la necesidad de que las autoridades israelíes restauren de manera inmediata el suministro eléctrico en Gaza y pongan fin a las crecientes restricciones que han sido implementadas como resultado de la orden emitida por el Ministerio de Defensa el 9 de octubre de 2023. También instó a levantar el bloqueo ilegal que ha perdurado durante 16 años en la Franja de Gaza.
En ese contexto, la representante de AI afirmó que, de acuerdo con el Derecho Internacional, Israel, en su calidad de potencia ocupante, tiene la responsabilidad de asegurar que se satisfagan las necesidades básicas de la población civil en Gaza.
La organización no gubernamental advirtió que el cese del suministro eléctrico “agudizará una crisis humanitaria en curso”, puesto que restringirá las comunicaciones y afectará a servicios esenciales, como la atención médica, poniendo en riesgo la vida de pacientes hospitalizados, personas con enfermedades crónicas, pacientes en cuidados paliativos y recién nacidos.