Un año después de la presentación del informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj) en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, las familias piden avances y concreción después de que aquel documento declarase que fue “un crimen de Estado” y diese por fallecidos a los jóvenes.
El informe lo presentó el 18 de agosto de 2022 el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, quien también preside la Covaj, en un evento en el que estaban presentes las más altas autoridades del Estado, los padres y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Pero en entrevista con EFE, Carlos Beristáin, uno de los miembros del GIEI, consideró inapropiada la manera de presentar el reporte, pues convocaron a los familiares sin que antes las autoridades se reuniesen con ellos en privado para darles los detalles del contenido del documento.
En su momento -y también en la actualidad-, tanto los familiares como los expertos independientes y organizaciones sociales reconocieron que el documento implicaba avances, como aceptar que el ataque y desaparición contra normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, en el sur del país, es un crimen de Estado.
También, que se reconociera la participación de los distintos niveles de las fuerzas del Estado en los hechos y que se rompiera de manera contundente con la llamada “verdad histórica”, la versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).