Al menos 12 de los 27 comisionados estatales de Búsqueda de Desaparecidos que están en funciones en el país no cuentan con un perfil en derechos humanos, pese a que es un requisito de ley para ocupar el cargo.
De acuerdo con el artículo 51, fracción VI de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, es requisito para ser comisionado de búsqueda nacional o estatal “contar con conocimientos y experiencia en derechos humanos y búsqueda de personas, y preferentemente con conocimientos en ciencias forenses o investigación criminal”.
En una revisión de los perfiles y curriculums disponibles en los portales de los gobiernos estatales, El Sol de México encontró que hay comisionados de Búsqueda con experiencia en ciencias forenses, investigación criminal, pero no en derechos humanos, e incluso hay algunos con experiencia fuera del tema de desaparición de personas, como la administrativa, la política y electoral.
Tal es el caso de los comisionados de Campeche, Jacobo Notario Hau, y Chiapas, María Guadalupe Sánchez Zenteno, quienes laboraron en los organismos públicos locales electorales, el primero como encargado de compras y la segunda como titular de la Unidad de Acceso a la información Pública en la Comisión de Fiscalización Electoral del Estado de Chiapas.
Otro comisionado con experiencia electoral es el de Guerrero, Arturo Solís Felipe, quien fue juez en el Tribunal local.
Brenda Azucena Rosas Gamboa, comisionada de Búsqueda de Durango, cuenta con una trayectoria partidista y en el servicio público fuera de los ámbitos de atención a víctimas, derechos humanos y búsqueda de desaparecidos. De 2007 a 2016 tuvo diversos cargos al interior del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de 2016 a 2018 fue secretaria del Trabajo y Previsión Social en el gobierno del panista José Aispuro Torres.