Amnistía Internacional señaló en un nuevo informe difundido este miércoles que los defensores de la tierra y del medio ambiente en México son criminalizados por autoridades de todos los niveles del Gobierno con el fin de disuadir y castigar protestas sociales.
A partir del análisis de cuatro casos —dos en el estado de Chiapas, uno en Puebla y otro en Yucatán—, la organización no gubernamental advierte que los Gobiernos federal, estatales y municipales tienden a brindar poca información sobre los proyectos o emprendimientos que ponen en marcha y que afectan a territorios y otros recursos. Señala también el uso del sistema de Justicia de forma desproporcionada contra quienes protestan.
“Organizaciones de la sociedad civil han alertado por años el uso de distintos tipos penales que han sido utilizados para sancionar a personas que ejercen su derecho a la protesta debido a su ambigüedad. Entre ellos destacan los delitos de ‘ataques a las vías generales de comunicación’ en el fuero federal y ‘ataques a las vías de comunicación y transporte’ del fuero común'”, dice el reporte publicado este miércoles.
De acuerdo con Amnistía Internacional, las autoridades usan tipos penales “vagos o ambiguos” para poder detener a defensores de la tierra y del medio ambiente que se manifiestan contra proyectos no solamente con el fin de frenar sus protestas, sino también de inhibir que se realicen otras.