El Gobierno de Venezuela ha condenado la decisión “arrogante” e “ilegal” adoptada por la Unión Europea el lunes, que consiste en extender las sanciones contra Venezuela por un período adicional de seis meses debido a las preocupaciones sobre la situación democrática en el país.
En un comunicado oficial emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano, se rechaza la prórroga de las “Medidas Coercitivas Unilaterales” impuestas contra el pueblo venezolano hasta el 14 de mayo de 2024. El comunicado señala que estas medidas prohíben la participación en procesos políticos en Venezuela, lo cual se considera una violación de la Constitución y de las normas de la Carta de las Naciones Unidas.
El Gobierno de Caracas interpreta esta acción como un acto “colonialista” e “intervencionista en los asuntos internos” de Venezuela por parte de la Unión Europea. Estas medidas son consideradas “degradantes, perjudiciales e injustas” y se perciben como un castigo injustificado a ciudadanos venezolanos que actúan dentro de los límites legales.
Venezuela también hace referencia a una resolución aprobada por una comisión de la Asamblea General de la ONU el 7 de noviembre, con 128 votos a favor, que insta a “cesar la aplicación de medidas unilaterales con efectos extraterritoriales” y condena la inclusión de estados en listas unilaterales basadas en falsas acusaciones de patrocinio del terrorismo.
El Ministerio de Relaciones Exteriores subraya la fortaleza de su democracia e instituciones y advierte que estas sanciones pueden obstaculizar la posibilidad de un diálogo constructivo y respetuoso entre los Estados.
Los Estados miembros de la Unión Europea han decidido extender las sanciones por un período de seis meses, en lugar de la renovación anual previa, lo que significa que la cuestión se volverá a revisar en mayo de 2024. Esta acción es coherente con la propuesta española de iniciar un proceso de revisión de las medidas en respuesta a los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y la oposición en las negociaciones de Barbados. Las sanciones de la UE afectan a 54 líderes venezolanos, incluyendo a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el líder chavista Diosdado Cabello y el exvicepresidente de Economía Tareck El Aissami, todos ellos incluidos en la ‘lista negra’ europea por su presunta contribución al menoscabo de la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela y la represión de la sociedad civil.