La Policía Federal de Brasil ha comunicado que la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) habría llevado a cabo actividades de vigilancia ilegal contra opositores políticos y periodistas durante el mandato de Jair Bolsonaro. Esta revelación se enmarca en una investigación que comenzó el viernes y que se centra en el uso de un sistema informático para espiar teléfonos móviles.
Bajo la autorización del Tribunal Supremo, la operación denominada “Última Milla” ha emitido 25 órdenes de registro y dos órdenes de detención preventiva, incluyendo a dos ex agentes de la Abin, quienes no solo se sospecha que participaron en esta actividad ilegal, sino que además se habrían beneficiado de ella para evitar represalias. Estas detenciones, las de Rodrigo Colli y Eduardo Arthur Yzycky, ya se han llevado a cabo, y otros cinco empleados de la agencia, incluido el tercero en jerarquía, han sido apartados. Uno de ellos, Paulo Maurício Fortunato Pinto, ha tenido en su posesión 872.000 reales (alrededor de 163.000 euros) cuyo origen está siendo investigado.
Uno de los objetivos de la investigación es Caio Cesar dos Santos Cruz, hijo del general retirado y secretario del gobierno de Jair Bolsonaro, Carlos Alberto Santos Cruz. Según las indagaciones, habría actuado como representante de la empresa que vendió este sistema de seguimiento a la agencia de inteligencia.
La investigación se centra en el uso ilegal de un programa informático llamado “FirstMile,” adquirido por algo más de un millón de euros durante el mandato de Michel Temer. Este programa permitía el seguimiento de hasta 10,000 personas al año sin requerir un protocolo oficial, simplemente con la digitalización de sus números de teléfono.