El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, justificó este martes la decisión de su Gobierno de sancionar una ley que aprueba un nuevo contrato de concesión minera de cobre, que es motivo de protestas desde este lunes en diversos puntos del país, principalmente en la Ciudad de Panamá, y que han dejado casi 50 detenidos, ambulancias vandalizadas, pérdidas económicas y la paralización de clases.
Según la ley que el Ejecutivo promulgó el viernes, el nuevo contrato con Minera Panamá establece que la empresa deberá pagar una regalía anual de US$ 375 millones, como mínimo, según el valor del cobre en el mercado, y que el pago deberá hacerlo retroactivo a diciembre de 2021. La concesión es por 20 años y la empresa podría solicitar una prórroga por esa misma cantidad de tiempo.
Protestas anteriores hicieron que el Ejecutivo modificara el proyecto de inicial, pero en menos de una semana el nuevo contrato pasó los tres debates reglamentarios en la Asamblea Nacional, fue sancionado por el presidente Cortizo el viernes y ese mismo día publicado en la Gaceta Oficial, convirtiéndose en Ley de la República.
Esto hizo que organizaciones como el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) lo califiquen como un contrato aprobado “a tambor batiente”, y convoquen la movilización, a la que se han sumado grupos ambientalistas, educadores y estudiantes, entre otros. Los detractores consideran que el contrato no representa los mejores intereses para el país y que es perjudicial para el medio ambiente, por lo que piden su derogación.