Las elecciones presidenciales del próximo 5 de mayo en Panamá han quedado sumergidas en una fuerte polémica por la creciente judicialización de la campaña política que, según partidos políticos de oposición y ciertos sectores de la sociedad civil, sería similar a la crisis que se vivió en Guatemala el año pasado.
El actual presidente Laurentino Cortizo -cuyo partido PRD lleva como candidato a su actual vicepresidente Gabriel Carrizo- nombró a seis de los nueve miembros actuales de la Corte Suprema de Justicia. Lo que le permite tener mayoría en las votaciones del principal Órgano Judicial.
Los candidatos opositores favoritos en las encuestas están siendo inhabilitados a través de acciones judiciales tomadas por el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, en medio de denuncias de irregularidades por parte de los partidos de oposición, que además alertan sobre manipulación y la injerencia del Gobierno actual a favor de su candidato, el vicepresidente Gabriel Carrizo.
El Tribunal Electoral de Panamá ya anunció que dará celeridad a la inhabilitación del candidato y ex presidente Ricardo Martinelli, del partido Realizando Metas, luego que el pasado 2 de febrero, un día antes que iniciara formalmente el periodo de campaña electoral, la Corte Suprema emitiera un fallo condenándolo por el supuesto delito de blanqueo de capitales. Un caso que tenía más de 8 años abierto en la Justicia ordinaria y que fue acelerado en los últimos meses por el Órgano Judicial.