Una ola de violencia contra niñas y mujeres ha sacudido a Perú en las últimas semanas, país ya acostumbrado a altas cifras de violencia sexual.
En los casos más recientes, dos mujeres fueron quemadas vivas por sus parejas o exparejas, un “influencer” confesó una violación grupal y una enfermera fue violada por sus compañeros de trabajo en un hospital.
En 2021 hubo 136 feminicidios en Perú, en 2022, 137, y en los primeros tres meses de 2023, 40.
Melissa Guillén, vocera de la organización feminista Manuela Ramos, y la defensora del pueblo, Eliana Revollar, señalan que Perú tiene leyes, mecanismos y protocolos, pero que lo que realmente hace falta es voluntad y conciencia, tanto en la sociedad como en la cadena de personas que atiende a una mujer que denuncia o es agredida.
“En cada caso, vamos viendo que las fallas están en una institución, en otra, en un actor, en otro, pero en el fondo cada caso da cuenta de un sistema que no está funcionando”, afirma Revollar.
Además, piden un sistema especializado de justicia que atienda con perspectiva de género y conocimiento del marco legal.
También piden prevención, educación sexual y trabajo de base que incida en el respeto a las mujeres y la búsqueda del diálogo y acuerdos en las relaciones interpersonales sin violencia.