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Los enfrentamientos entre grupos criminales roban la paz en Costa Rica, un país reconocido a nivel internacional por su ambiente de tranquilidad y que en marzo de este año encabezó la lista de las naciones más felices de Latinoamérica y la número 23 del mundo, según el Informe Mundial de la Felicidad de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó este viernes que en Costa Rica se registraron 602 homicidios en lo que va del año, 184 más que el mismo período en 2022, cuando se registraron 418 asesinatos.
El ministro de Seguridad Mario Zamora Cordero dijo a CNN que el gobierno lamentaba que una democracia tan consolidada como la costarricense enfrente una situación de homicidios como la actual, “cuando una de las características de Costa Rica ha sido el respeto a la vida y a los derechos humanos”. El funcionario agregó que predomina una lucha de bandas que se “han mexicanizado y que tienen influencias de carteles colombianos y jamaiquinos”.
El reporte del OIJ ubica la provincia de Limón, con la cifra más alta de homicidios de enero al 1 de septiembre de 2023, con 151 asesinatos, 42 más el mismo periodo de 2022, seguido de San José con 147 (76 más) y Puntarenas en el pacífico central con 96 homicidios, 28 más que hace un año.
El gobierno anunció una inversión de 3.200 millones de colones costarricenses, unos US$ 6 millones, para la construcción de varias delegaciones policiales en el caribe del país y resaltó en un comunicado de prensa que el propósito es recuperar la paz y la tranquilidad del pueblo limonense.
El 25 de mayo pasado ante la ola de criminalidad en esa provincia, el Ministerio de Seguridad puso en marcha la operación Impacto Limón 2023 en coordinación con el OIJ y el Ministerio Público, 15 días después de que el gobierno lanzara Costa Rica Segura Plus un plan para enfrentar la inseguridad y el incremento del número de homicidios, lo que incluye más agentes de la fuerza pública en la calle.
Los enfrentamientos entre bandas criminales dedicadas al narcotráfico persisten. Sin embargo, Zamora sostiene que en el marco de la Operación Limón 2023, la delegación del cantón central de esta provincia registró una baja del 37% en homicidios.
A nivel país, con el Plan Costa Rica Segura Plus, las autoridades destacan una tendencia a la reducción con 85 homicidios en abril, 77 mayo, 72 en junio y 70 en julio. “Son indicadores de que la estrategia empleada está dando resultados con una tendencia a la reducción” dijo el ministro. Aseguró que los esfuerzos se han focalizado sobre los sicarios y que en lo que va del año, “casi de forma in fraganti se han detenido 85 homicidas que ejercieron el sicariato”, lo que según Zamora demuestra la capacidad de reacción policial, “aunque falta recurso humano para la prevención en todo el territorio nacional”, enfatizó.
El funcionario dice que en agosto la cifra de homicidios subió a 74, lo que se relaciona con la confiscación de más de 2,5 toneladas de cocaína. “Esto genera una guerra entre las bandas que han comercializado de previo este tipo de productos y surgen rencillas que se pagan con muerte (…), siempre ha sido un patrón, que luego de incautaciones grandes de droga se da una seguidilla de homicidios porque el error en estos grupos se paga con la muerte”, aseguró el funcionario.
Otras medidas
Como parte de las medidas, en julio arrancó la Operación Soberanía con la instalación de dos escáneres y presencia policial, para la revisión de los contenedores que entran y salen a la terminal de Moín en el Caribe, operada en concesión por la compañía APM Terminals.
Según el presidente Rodrigo Chaves, se trata de un plan que procura recuperar la soberanía “para que ahí no haya crimen organizado ni narcotráfico, porque no se vale que nuestro país sea uno de los primeros exportadores de cocaína en el mundo.”
En el congreso diputados de varias fracciones buscan acelerar proyectos para enfrentar la ola de criminalidad, entre ellos uno que permite la extradición de delincuentes costarricenses solicitados por autoridades extranjeras y otro para mejorar la tecnología de las intervenciones telefónicas.
Para Priscilla Vindas, diputada del izquierdista partido Frente Amplio, las iniciativas son insuficientes. Según la legisladora hay estudios a nivel mundial que demuestran que “estas altas olas de criminalidad se dan por falta de inversión en salud, educación y otros servicios básicos”.
