El Gobierno de Nicolás Maduro apeló la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI), que el 27 de junio autorizó la reanudación de la investigación sobre crímenes de lesa humanidad. El Ejecutivo venezolano presentó sus argumentos ante la Sala de Apelaciones de la CPI, alegando que se cometieron seis errores de hecho y derecho que violan disposiciones fundamentales del Estatuto de Roma y del Derecho Internacional.
En el documento se sostiene que la Sala de Cuestiones Preliminares rechazó sin justificación gran parte de las pruebas presentadas por Venezuela en relación a los delitos contra los derechos humanos en el país. Además, el Gobierno afirma que las pocas pruebas consideradas fueron seleccionadas por la Fiscalía de la CPI en detrimento de Venezuela.
Así, reafirma que este proceso, que comenzó en 2018, tiene una clara motivación política y es parte de una estrategia de cambio de régimen impulsada por potencias extranjeras. Se basa en una falsa acusación por crímenes de lesa humanidad que, según el Gobierno, nunca ocurrieron.