Javier Milei logró este viernes su primera victoria parlamentaria en Argentina. Después de tres días de intenso debate y en medio de tensas protestas en las calles, la Cámara de Diputados de Argentina votó a favor del proyecto de desguace del Estado presentado por el Gobierno ultraderechista. La iniciativa tuvo 144 votos positivos y 109 negativos. Es un triunfo agridulce para el presidente argentino.
Milei, en minoría en el Congreso, tuvo que recortar a casi la mitad los 664 artículos del proyecto original para obtener los apoyos necesarios, pero falta por saber si deberá ceder aún más. Los puntos más polémicos —como la delegación de facultades legislativas y la privatización de empresas públicas— serán sometidos a una segunda votación uno a uno el próximo martes en la Cámara Baja. Terminada la maratónica sesión, una de las más largas de la historia de la democracia de Argentina, la propuesta de megaley pasará al Senado, que tendrá la última palabra.
“Es hora de que los representantes del pueblo decidan si están del lado de la libertad de los argentinos o del lado de los privilegios de la casta y la república corporativa”, señaló Milei a través de un comunicado en las redes sociales cuando el debate entraba en su recta final.
La Libertad Avanza, el partido encabezado por Milei, tiene sólo 38 de los 257 diputados de Argentina, pero mantiene una alianza gubernamental con el PRO del expresidente Mauricio Macri, que cuenta con 37 diputados. Los demás votos afirmativos salieron de las bancas de la socialdemócrata Unión Cívica Radical (UCR), de algunos legisladores de fuerzas regionales y de peronistas que abandonaron la coalición de Unión por la Patria (UxP), que retiene aún 99 diputados y es la principal fuerza opositora.
Después de la aprobación general del proyecto de la “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” —conocida como ley ómnibus por la multitud de temas que abarca—, los negociadores oficialistas trabajan ahora contrarreloj para garantizar también el respaldo de los puntos más conflictivos.
El Gobierno renunció días atrás a las reformas fiscales que planteaba la megaley, como aumentos impositivos a las exportaciones y a los trabajadores con mayores salarios—que chocaban con su promesa de campaña de bajar impuestos— y la modificación del sistema actual de actualización de las pensiones que suponía un nuevo recorte en el poder adquisitivo de los jubilados. El paquete de medidas fiscales se debatirá por separado con los distintos gobernadores provinciales.
Milei tuvo también que resignar su pretensión de obtener facultades legislativas de emergencia para todo su mandato presidencial. En la redacción original del texto estaba contemplado que el Congreso le concediese estas facultades por dos años prorrogables por otras dos. En el borrador aprobado, el período es de un año prorrogable a otro más, pero aún tiene que someterse a la votación particular dado el recelo de varios diputados a conceder poderes extraordinarios a un presidente que no ha dudado en atacar una y otra vez al Estado y quiere reducirlo a su mínima expresión.
Otro de los artículos sobre los que hay más discrepancias para la votación en particular será el de las privatizaciones. Milei quiere vender todas las empresas estatales, pero se trata de una opinión poco popular: las encuestas muestran que más del 60% de la población se opone y cree que debe haber excepciones. La lista inicial se ha reducido de 41 a 27 empresas y ha dejado fuera a algunas de las más conocidas, como la petrolera YPF. Otras compañías sólo podrán ser privatizadas de forma parcial.
Tampoco hay consenso sobre las atribuciones del Gobierno para tomar deuda externa ni en el endurecimiento de la política de seguridad que pide la ministra Patricia Bullrich. Milei quiere tener las manos libres y deshacerse de la obligatoriedad de pasar por el Congreso para obtener préstamos como el que en 2018 recibió Macri del Fondo Monetario Internacional, 44.0000 millones de dólares que Argentina aún no ha terminado de devolver.
El debate se realiza en sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno durante las vacaciones del verano austral. El Ejecutivo pretendía darle un tratamiento exprés al proyecto y finiquitarlo en dos semanas, pero tuvo que extender el plazo por el rechazo que encontró. La discusión parlamentaria comenzó el miércoles pero fue interrumpida esa medianoche para volver a retomarse doce horas después. Al día siguiente se repitió la dinámica. Con un Congreso blindado por fuerzas antidisturbios, la maratón parlamentaria se reanudó este viernes a las diez de la mañana mientras puertas afuera volvían a repetirse las protestas. En total suman ya más de 30 horas de debate.