La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor organización indígena del país, llevó a la Asamblea Nacional (Parlamento) su propia propuesta de ley de recursos hídricos, al tiempo que el Gobierno inició por su parte un proceso participativo para redactar el texto.
La iniciativa particular de la Confederación, que representa a las 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas de Ecuador, se produce después de que en enero la Corte Constitucional declarara inconstitucional la Ley Orgánica de Recursos Hídricos y su reglamento.
El fallo daba la razón a una demanda de 2015 presentada por la misma Conaie, que alegaba que los pueblos nativos y comunidades no habían sido consultados debidamente sobre las implicaciones de la norma.
En su sentencia, el tribunal dio el plazo de un año al Ejecutivo para enviar al Parlamento un nuevo proyecto de Ley de Recursos Hídricos, que deberá ser consultado previamente a las comunidades indígenas y contar con su aprobación.
Sin embargo, la Conaie ha preferido no esperar y, ante las sospechas que tiene del Gobierno, ha planteado su propia propuesta con un enfoque en “asegurar la adecuada gestión pública o comunitaria del agua, democratizar la gestión social y territorial”.