El estado asumió su responsabilidad en la investigación por la muerte del suboficial de la Prefectura Naval Argentina (PFA), Octavio Romero, tras firmar un acuerdo de “solución amistosa” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La rúbrica formal de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, tuvo lugar en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, antigua Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) -relevante centro de tortura y detención en la dictadura militar (1976-1983)-, y contó con la presencia de la pareja de Romero, Gabriel Gersbach, que luchó durante 12 años para esclarecer su muerte.
“Es un punto y aparte esta firma. Creo que voy a tener más acceso a la causa, pero todavía me siento discriminado por la fiscalía. Las veces que he ido me sentí mal atendido”, expresó Gersbach.
Este acuerdo contemplará el reconocimiento abierto de que el caso se investigó mal durante más de una década y promoverá, con la CIDH como testigo, acciones reparatorias para las víctimas, así como garantías de no repetición a las cuales se compromete el Estado argentino.