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La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la noche del martes la undécima ampliación del régimen de excepción. De está manera, el país cumplirá un año con esta medida solicitada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
El Ejecutivo solicitó la ampliación de la suspensión de garantías constitucionales, que se aprobó originalmente a finales de marzo de 2022. La medida fue establecida luego de una escalada de asesinatos atribuida a las pandillas y que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días.
Los legisladores del partido oficialista Nuevas Ideas y sus aliados aprobaron la ampliación, sin un estudio o discusión previa, con 67 votos de los 84 diputados. De acuerdo con las cifras oficiales, son más de 64,000 personas detenidas, a las que el Gobierno acusa de ser pandilleros. Además, informaron de la incautación de 2,326 armas de fuego y $1,7 millones en efectivo.
La ampliación se aprobó horas después que Bukele asegurara, en un mensaje en Twitter, que el país “ha llegado a 300 días sin homicidios”, sin brindar estadísticas. Por otro lado, las organizaciones humanitarias salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de 7;900 denuncias de atropellos, la mayoría por detenciones arbitrarias.
