La apuesta oficialista es una de las que más debate suscita dentro del Código de las Familias, ya que se ha topado con la oposición de la iglesia católica y varios sectores sociales desde que se planteó por primera vez, hace cuatro años.
El matrimonio homosexual es un acto de “justicia social”, asegura en una entrevista con EFE el subdirector del estatal Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) de Cuba, Manuel Vázquez.
Este jurista y activista por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ defiende así la inclusión del matrimonio igualitario en el Código de las Familias, una importante reforma legislativa no exenta de controversia y sometida ahora durante tres meses a un proceso de consulta popular.
Este proyecto del Gobierno, que aborda también la violencia de género, el matrimonio infantil y la gestación subrogada (“solidaria”, en este texto), es un intento oficialista de modernizar la normativa sobre las relaciones afectivas, sexuales y familiares, ya que la actual es de 1975.
De aprobarse finalmente, la norma sería un parteaguas para un país y un Gobierno con un pasado marcado por la homofobia.
A juicio de Vázquez, es de “justicia social” ampliar, reformular y rediseñar el matrimonio como institución jurídica para “democratizar” su acceso, ya que hasta ahora quedaba restringido para personas heterosexuales.