Anay Hernández se aferra con tristeza a su biblia cuando lee en voz alta una de las cartas de su hijo Adel, preso tras las manifestaciones del 11 de julio de 2021 (11J) en Cuba y, como ella, ferviente cristiano: “Maldito el día en el que nací (…) Dios no está conmigo”.
La mujer, de 55 años y con dos infartos cerebrales, acomoda la pila de misivas en la mesa de la cocina de su casa, en un barrio popular del municipio de Regla (La Habana). En ellas se puede notar cómo la esperanza de Adel de la Torre, de 27 y menor de dos hermanos, se desvanece poco a poco al paso de los meses.
También proyectan la sensación de impotencia de este joven, condenado a siete años de cárcel por desórdenes públicos y desacato en relación a las mayores protestas que ha registrado Cuba en décadas, unas manifestaciones en su gran mayoría pacíficas y espontáneas, de las que esta semana se cumplen dos años.
“Simplemente estuvo en el lugar equivocado a la hora equivocada”, relata su madre, quien asegura que su hijo fue detenido cuando se dirigía a la casa de la abuela. De la Torre siempre ha negado los cargos.
El joven, cuenta su madre, sufre de esquizofrenia y, antes de ser sentenciado, atendió como camillero a víctimas de la explosión por un escape de gas del Hotel Saratoga, en mayo de 2022, en la que murieron 47 personas y decenas resultaron heridos.
Él es una de las más de mil personas detenidas por las protestas, según el recuento de ONG como Prisoners Defenders y Justicia 11J. Más de 700 han sido ya condenadas, en ocasiones a penas de hasta 30 años de cárcel por el delito de sedición.
El Gobierno cubano, que denunció que las protestas fueron orquestadas desde el exterior, ha insistido en que en todos los casos se ha seguido el debido proceso, pese a las denuncias de ONG y familiares en este sentido.