El Consejo Nacional de la Judicatura de Ecuador ha pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que realice una visita al país para constatar la grave problemática que afecta a la Función Judicial y el impacto negativo que esto tiene en el cumplimiento de los derechos humanos.
La función judicial ecuatoriana cuenta con 10,480 servidores públicos a nivel nacional, pero requiere cubrir 1,648 nuevos puestos para brindar un servicio eficiente, y hay 598 servidores judiciales en edad de jubilación que no pueden acceder a ese derecho debido a la falta de presupuesto.
Además, se registran en el país 651,485 causas aún sin resolver, y la disminución de los presupuestos asignados a la función judicial en los últimos diez años ha generado un sentimiento de desconfianza en la sociedad.
La situación actual puede generar un impacto diferenciado del sistema de justicia en aquellos grupos que se encuentran expuestos a mayor riesgo.
La Judicatura ecuatoriana ha explicado que los problemas en el sistema judicial ponen en riesgo los derechos al trabajo, a la protección judicial, a las garantías judiciales y a la igualdad ante la ley.