El de la fiscal general Consuelo Porras es el tema central en la política guatemalteca actual. La posible destitución de la funcionaria, a través de una difícil negociación en el Congreso o de una impugnación de su nombramiento, es la pieza más importante en un tablero de ajedrez que parece ocupar buena parte de la atención del recién juramentado gobierno del progresista Bernardo Arévalo.
Antes de tomar posesión, durante el largo periodo de transición de casi medio año que establece la legislación guatemalteca, Arévalo dijo al menos tres veces en entrevistas y declaraciones públicas que al jurar como presidente pediría la renuncia de Porras. Cinco días después de su juramentación, Arévalos ha echado a andar una operación política orientada a sacar a la fiscal general del despacho.
El 19 de enero pasado, el presidente envió una carta a la fiscal Porras con la que la citó a una reunión para que la funcionaria le explicara varios puntos, entre ellos el cumplimiento de varias resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han señalado responsabilidad del Estado guatemalteco, los criterios utilizados en casos en que se ha perseguido a periodistas y el avance en investigaciones por supuesta corrupción en la compra de vacunas para el Covid durante la presidencia anterior.
Los dos últimos temas, la persecución a periodistas y el de las vacunas, marcaron la relación de Porras con Alejandro Giammattei, el antecesor de Arévalo; en ambos el expresidente aparece involucrado.
Desde mediados de 2022, el MP de Porras emprendió una persecución penal contra José Rubén Zamora, exdirector del diario El Periódico y uno de los periodistas más respetados del país, quien expuso varios casos de corrupción de Giammattei. En el tema de las vacunas, investigaciones del mismo MP apuntaron a responsabilidad del gobierno anterior en un esquema de corrupción que costó al menos USD 100 millones al erario.