El Parlamento cubano se prepara para aprobar una nueva ley de Comunicación Social que genera preocupación entre periodistas independientes y ONG.
Esta ley, que regula a los medios en la isla, se centra en reconocer la legalidad únicamente de aquellos medios vinculados al Estado o al Partido Comunista.
Además de establecer cuestiones de contenido, como la prohibición de “desestabilizar el Estado socialista”.
Organizaciones internacionales han expresado su alarma, argumentando que esta ley aumentará la presión sobre los periodistas y medios no afiliados al gobierno.
La ley no reconoce a los medios independientes digitales y solo permite la financiación por publicidad.
Aunque el gobierno defiende la importancia de la ley, críticos afirman que no garantiza la libertad de prensa ni permite la difusión de contenidos independientes.
La ley marca un cierre del espacio abierto durante el período de “deshielo” y ha llevado a muchos periodistas a continuar su trabajo desde el extranjero.
A pesar de las restricciones, los periodistas independientes seguirán esforzándose por informar sobre Cuba.