Exiliados expresan preocupación por extradición de Costa Rica a Nicaragua de Douglas Pérez Centeno, opositor al regímen de Daniel Ortega, acusado en su país de ser coautor de muerte de una policía y un civil.
“Esta decisión evidencia el desprecio del Estado de Costa Rica hacia los nicaragüenses”, señaló el Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh), un organismo nicaragüense de derechos humanos en el exilio, en la red social X. El movimiento Partido Humanista Social Cristiano de Nicaragua (PHSC) advirtió en un comunicado que “entregar a un perseguido político refugiado en Costa Rica a la dictadura Ortega-Murillo, es una grave amenaza a su integridad física y su vida”.
“Estamos asombrados porque a pesar de las numerosas gestiones jurídicas realizadas, incluyendo que mandaran a Pérez a un tercer país, el gobierno (Poder Judicial) de Costa Rica accedió a las peticiones de Ortega sin haber esperado siquiera un recurso de hábeas corpus que había sido interpuesto, el cual fue concedido después de la extradición”, indicó.
Ese movimiento político expresó, además, su preocupación de que el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, “se haya ufanado recientemente de recibir consejos de Ortega, creando una sombra de duda sobre la situación de los exiliados nicaragüenses en Costa Rica”. Para el dirigente opositor nicaragüense desnacionalizado Félix Maradiaga, la extradición de Pérez “es un asunto de gran preocupación que genera un precedente alarmante”.
“Es vital que este tipo de casos no se repitan y que la situación de Douglas no pase desapercibida. Su vida y su integridad física, al igual que la de cualquier persona privada de la libertad por la dictadura sandinista de los Ortega Murillo, está en peligro”, apuntó Maradiaga en un mensaje.
El exembajador nicaragüense ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) Arturo McFields, que se rebeló contra el Gobierno nicaragüense, dijo en X que “la extradición de opositores a Nicaragua sienta un peligroso precedente, empodera al tirano, legitima al poder judicial y recrudece la persecución transfronteriza”.