La Procuraduría colombiana abrió una investigación disciplinaria y suspendió provisionalmente a once militares por su presunta responsabilidad al intimidar a campesinos e indígenas de un caserío del departamento de Córdoba, informó este martes el Ministerio Público.
El 10 de septiembre, en la vereda Bocas del Manso, en Tierralta, un grupo de militares armados y disfrazados de disidentes de la antigua guerrilla de las FARC intimidaron y amenazaron a los habitantes de ese caserío.
Según un comunicado de la Procuraduría, la investigación afecta a un teniente, un sargento viceprimero, un cabo segundo y ocho soldados profesionales, pertenecientes al Batallón No. 33 “Junín” del Ejército, “por su presunta responsabilidad en los hechos de violencia contra la comunidad de la vereda El Manso”.
Con las pruebas recaudadas en el sitio, la comisión especial enviada por la Procuraduría, que fue atacada a bala cuando intentaba llegar al lugar en helicóptero, logró establecer la identidad de los militares que supuestamente incurrieron en los hechos.
Con su actuación los militares habrían incurrido en “graves violaciones del derecho internacional humanitario al amenazar, intimidar y maltratar a la población civil -campesinos e indígenas de la etnia emberá-“.
La Procuraduría explicó que la agresión física y verbal ocurrió “incluso en presencia de niños, niñas, adolescentes y una madre con su bebé en brazos, sin identificarse como pertenecientes a la institución y sin utilizar el uniforme reglamentario”.