Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia, ha anunciado que ha instruido a sus abogados para presentarse ante la Fiscalía y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes con el fin de refutar las acusaciones formuladas por el paramilitar Salvatore Mancuso sobre su supuesto conocimiento de la masacre de El Aro en 1997.
Uribe emitió un comunicado en el que se distancia de todas las acusaciones lanzadas por Mancuso durante sus comparecencias ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal especial creado tras los acuerdos de paz de 2016 para atender a los actores del conflicto interno colombiano.
En este sentido, negó categóricamente que el dinero proveniente de actividades ilícitas de grupos paramilitares haya sido utilizado para financiar sus campañas políticas u otras irregularidades durante su período como gobernador de Antioquia.
El pasado viernes, la JEP decidió incluir a Mancuso bajo su jurisdicción, considerando que sus revelaciones sobre el conflicto interno colombiano han contribuido a la construcción de la paz y a la reparación de las víctimas. Según la JEP, Mancuso actuó como “bisagra” entre los paramilitares y las fuerzas del Estado colombiano, siendo catalogado como ‘sujeto incorporado a la fuerza pública’ entre 1989 y 2004, en lugar de reconocérsele la condición de paramilitar, ya que su situación legal está aún pendiente de resolución en Colombia.
Mancuso, actualmente en un centro de retención de migrantes en Atlanta a la espera de su extradición a Colombia desde hace más de dos años, fue condenado a 40 años de cárcel por su participación en la masacre de El Aro. Sin embargo, nunca cumplió dicha condena al acogerse al mecanismo de la Ley de Justicia y Paz, impulsado por el expresidente Álvaro Uribe para desmovilizar a miembros de los grupos paramilitares.