La crisis de los derechos humanos “continúa profundizándose” en Nicaragua, donde la sociedad civil no puede participar en la vida social y política “de manera libre y segura”, afirma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un informe publicado este jueves.
Entre el 18 de abril de 2018 y el 31 de agosto de 2023, Nicaragua canceló la personería jurídica de 3.390 organizaciones, cuyos bienes también fueron confiscados, de un total de 7.227 registradas en el país en 2018, cuando estallaron protestas gubernamentales que se saldaron con unos 300 muertos.
La CIDH lo considera un ataque “al pluralismo” que demuestra la intención “de cerrar completamente el espacio cívico y democrático” en el país.
En Nicaragua “prevalece una política de represión y persecución sistemática en contra de cualquier persona considerada opositora al gobierno mediante la imposición de un estado policial”, denuncia.
Estas restricciones “han sido posibles debido a la subordinación de todos los poderes públicos al Ejecutivo” y a la ausencia de “límites y contrapesos”.
La CIDH cita por ejemplo el hecho de que la Asamblea Nacional haya facilitado la aprobación de normas y reformas legales del régimen de Daniel Ortega, quien se reeligió por cuarto mandato consecutivo en 2021 con todos sus rivales en la cárcel o en el exilio.
Además los recursos interpuestos contra estas normas han perdido todo sentido debido a “la falta de independencia del poder judicial”.