El gobierno del presidente Gabriel Boric inició el martes el empadronamiento de más de 190.000 inmigrantes irregulares en el marco de una nueva política migratoria que también agiliza la expulsión de quienes no participen en el proceso.
Chile vivió los últimos años una inmigración descontrolada de millares de extranjeros que ingresaron al país mayoritariamente a través de sus porosos pasos con Perú y Bolivia, lo que fue frenado por el despliegue de centenares de militares en la frontera a fines de febrero.
Entre los atractivos para que los inmigrantes se inscriban es que sin documentos locales no pueden trabajar. Además, si son controlados por la policía y no poseen cédula de identidad, pueden ser detenidos por varios días hasta que se establece su identidad.
La inscripción se realiza a través de una página de internet del Servicio de Migraciones donde se concerta una cita para empadronarse.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló que el empadronamiento no es sinónimo de regularización de los extranjeros que ingresaron irregularmente sino que se trata de un proceso de registro que “mejora las condiciones de seguridad del país”.