El Tribunal Oral Federal 2 indicó que la condena a Cristina Fernández responde a que la expresidenta sería una de las autoras del delito investigado. La actual vicepresidenta fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos por defraudación en una obra pública.
Los fundamentos de la condena por corrupción a Fernández, no ahorraron en calificativos para argumentar que la exmandataria fue autora de una “fastuosa” defraudación al Estado. Asimismo, se señala que fue una “coartada” la defensa de que el proceso está manchado de “lawfare” (persecución judicial).
En un texto de 1,616 páginas, se especifica que la vicepresidenta tuvo una “intervención fundamental” en las irregularidades en la concesión de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz. Se llegó a esta conclusión tras las firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos del fallecido Néstor Kirchner y el de ella misma.
La resolución hace referencia al “tenor de sus aportes a la fastuosa defraudación emprendida”, al “ámbito preponderante que ocupaba para la toma de las decisiones imprescindibles para su ejecución” y al “poder inaudito del que gozaba para influir en cada rincón estatal que interfiriera en el plan”.