El Senado de Georgia promovió el jueves proyectos de ley con el propósito de presionar a los gobiernos locales para que cooperen en la deportación de inmigrantes en lugar de ofrecerles refugio, como parte de una respuesta política continua al asesinato de un estudiante de enfermería en el campus de la Universidad de Georgia, supuestamente cometido por un individuo de nacionalidad venezolana.
Por una votación de 34 a 18, el Senado respaldó el Proyecto de Ley 301 de la Cámara de Representantes, que busca castigar a las ciudades y condados que, según sus partidarios, brindan refugio a inmigrantes en el país sin autorización, al cortar la mayor parte de la ayuda estatal al gobierno local y destituir a los funcionarios electos de sus cargos. Asimismo, votaron 34 a 19 a favor del Proyecto de Ley 1105 de la Cámara de Representantes, el cual tiene como objetivo obligar a los carceleros a verificar el estatus migratorio de los reclusos. Todos los republicanos votaron a favor, mientras que los demócratas votaron en contra.
El Proyecto de Ley 301 de la Cámara de Representantes permitiría a cualquier residente de Georgia presentar una demanda, solicitando a un juez que determine si una agencia está incumpliendo la ley de 2009. Si el juez dictamina a favor, el estado recortaría la ayuda estatal y federal que controla, excepto una lista limitada de servicios esenciales de emergencia y salud. Por ejemplo, un condado o ciudad no recibiría fondos estatales para la construcción y el mantenimiento de carreteras.
“Este es un tema de seguridad pública, no se equivoquen, y se trata de criminales”, afirmó el senador estatal John Albers, republicano de Roswell.
Las medidas serán sometidas a un nuevo debate en la Cámara para su consideración adicional.