Donald Trump está imputado por 88 delitos en cuatro casos penales diferentes. En el caso de Georgia, sus abogados defendieron en los tribunales “que estaba haciendo uso de su libertad de expresión” por el fraude electoral de las presidenciales de 2020. No obstante, recientemente, el juez ha rechazado su petición de inculpabilidad.
“Las alegaciones de que el discurso o la conducta de los demandados se llevaron a cabo con intención delictiva son algo que solo un jurado puede resolver”, apuntó el juez Scott McAfee.
“Incluso el discurso político básico que aborda asuntos de interés público no es impenetrable si supuestamente se utiliza para promover actividades delictivas”, ha escrito el juez Scott McAfee en su resolución de 14 páginas, en la que no cierra la puerta a que el jurado vuelva sobre la cuestión en el juicio. “Las alegaciones de que el discurso o la conducta de los demandados se llevaron a cabo con intención delictiva son algo que solo un jurado puede resolver”, indicó.
“La defensa no ha presentado, ni el Tribunal es capaz de encontrar, ninguna autoridad que afirme que el discurso y la conducta alegados son discurso político protegido”, añadió.
En una vista televisada la semana pasada, Steve Sadow, abogado de Trump, defendió que el hecho de que un presidente en ejercicio exprese su preocupación por unas elecciones es “el culmen del discurso político” y que está protegido incluso si lo que se dijo acabó siendo falso. Un fiscal, en cambio, sostuvo que las declaraciones de Trump no están protegidas por la Primera Enmienda, que consagra la libertad de expresión, porque eran parte integrante de una actividad delictiva.