Cuatro individuos de edad avanzada fueron detenidos el miércoles después de obstruir la entrada al futuro emplazamiento del Centro de Capacitación en Seguridad Pública, conocido como la “Cop City” por sus detractores, según informó la policía.
A las 10:30 a.m., alrededor de unas dos docenas de manifestantes se sentaron frente a la valla del lugar, portando pancartas con consignas como “Detengan la construcción, permitan que la comunidad decida” y “Ancianos a favor del bosque”. Tras advertencias policiales, la mayoría de los manifestantes se retiraron, excepto los cuatro ancianos que fueron arrestados y llevados a la cárcel del condado de DeKalb. En la madrugada del jueves, fueron acusados de allanamiento y puestos en libertad, según consta en los registros carcelarios.
Los detenidos fueron identificados como Priscila Smith, de 67 años; Laura Kearns, de 63 años; Lorena Fontana, de 76 años; y Shelley Nagrani, de 73 años. En un comunicado, el grupo explicó que los manifestantes participaban en una ceremonia para “lamentar la pérdida del bosque, la pérdida de vidas y el deterioro del proceso democrático en Atlanta”. El sitio de construcción abarca 85 acres en South River Forest.
Nagrani, una de las mujeres arrestadas, expresó en el comunicado: “A lo largo de mi vida, he observado cómo la policía se ha vuelto cada vez más militarizada y peligrosa. La militarización policial afecta de manera desproporcionada a las comunidades negras, indígenas y de color. Creo que es crucial que las personas blancas se opongan y digan que no permitiremos que esto continúe”. La protesta ocurrió dos días después de que 61 manifestantes que se oponían al sitio fueran procesados en un extenso caso que incluye cargos de extorsión, terrorismo interno, intento de incendio intencional y lavado de dinero.
Activistas afirman haber recopilado más de 116,000 firmas respaldando un referéndum que decidiría el destino del Centro de Capacitación en Seguridad Pública de Atlanta. Sin embargo, la ciudad sostiene que las firmas fueron presentadas después del plazo legal y ahora el destino de la petición está en manos de un tribunal de apelaciones.