El nuevo Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador tiene capacidad para 40 mil reos.
Con un despliegue que incluyó registros audiovisuales impactantes, el Gobierno de El Salvador trasladó a 2.000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Esta es una nueva prisión inaugurada a finales de enero. Tiene capacidad para unas 40.000 personas, según informó el presidente de dicho país, Nayib Bukele.
“Hoy en la madrugada, en un solo operativo, trasladamos a los primeros 2.000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)”, escribió el mandatario en sus redes sociales. “Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población”, sentenció.
Pese a que el Gobierno no alertó de estos traslados, familiares de los reos se movilizaron a la prisión La Esperanza, en San Salvador. Allí, 150 personas aguardaban a los buses que salían del recinto.
La construcción del CECOT se dio entre críticas que indican falta de transparencia, ya que fue aprobada por la Asamblea Legislativa dominada por el oficialismo. La ley que fomentaron permite saltarse los controles acostumbrados en las obras estatales.
Según cifras oficiales, ante la escalada de asesinatos y bajo el régimen de excepción, se ha detenido a más de 64.000 personas (de las que el Gobierno acusa de ser pandilleros) y se han liberado a más de 3.300.
Durante esta situación, organizaciones humanitarias salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) recibieron más de 7.900 denuncias de atropellos, la mayoría por detenciones arbitrarias.
Por su parte y en cuanto al CECOT, Amnistía Internacional (AI) expresó su preocupación. “La construcción de esta nueva prisión podría suponer la continuidad y el escalamiento de estos abusos”, mencionó.
GOBIERNO Y DELINCUENCIA JUNTOS
Recientemente, el Departamento de Justicia de EE.UU. ha acusado a 13 líderes de la MS-13, vinculados al narcotráfico y al crimen organizado, de negociar con el gobierno de Nayib Bukele en 2019.
El documento señala que después de las elecciones presidenciales en las que Bukele llegó al poder, líderes de la pandilla MS-13, se reunieron en secreto con funcionarios del gobierno. “Estas reuniones fueron organizadas por el Gobierno de El Salvador y funcionarios penitenciarios”, se lee. También participaron pandilleros que estaban en libertad. Para entrar a los penales tuvieron acceso a credenciales como oficiales de inteligencia. Asimismo, eran escoltados por custodios de la Dirección de Centros Penales. De acuerdo a la acusación, el gobierno les permitía un alto nivel de favores: “Beneficios financieros, control de territorios y condiciones menos restrictivas en las prisiones que les garantizaran a los líderes de la MS-13 mejor comunicación”, puntualiza.