La cifra de personas fallecidas bajo custodia estatal en El Salvador desde finales de marzo del año pasado llegó a 102. Así lo informó este jueves la jefa jurídica de la organización humanitaria Cristosal, Zaira Navas. “Los abusos de poder y violaciones a derechos humanos no garantizan una seguridad ciudadana sostenible”, indicó Navas.
La Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, aprobó este régimen tras una escalada de homicidios atribuidos a las pandillas. A partir de eso, la medida se ha ampliado en 10 ocasiones en términos de 30 días. Hasta el momento, las autoridades han confirmado la muerte de 90 personas, la Fiscalía General de la República (FGR) del El Salvador supuestamente ha investigado los hechos.
De acuerdo con las cifras oficiales, son 62,975 personas detenidas entre marzo y finales de enero, y a las que el Gobierno de El Salvador acusa de ser pandilleros. Por orden de la Fiscalía y jueces fueron liberadas más de 3,300 personas, aunque “en muchos casos” bajo libertad condicional, según Human Rights Watch (HRW).
Las denuncias de violaciones a derechos humanos, recibidas por organizaciones locales y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), suman más de 7,400. La mayoría de estas denuncias son por detenciones arbitrarias. De acuerdo con HRW, al menos hasta agosto fueron detenidos 918 niños y 164 niñas que “habían sido enviados a detención provisional”.