Un Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos, al que recurrió un mexicano después de ser deportado tras haber sido condenado por empuñar un arma en una taquería de Florida, dictaminó que la ley federal que prohíbe que los indocumentados porten armas no infringe la Constitución del país.
Sin cuestionar la culpabilidad de Jiménez-Shilon, su defensa buscó que se retirara la acusación alegando que si era condenado se le estaría castigando por una conducta amparada por la Segunda Enmienda constitucional, pero el juez del caso rechazó el planteamiento de la defensa y el mexicano fue juzgado, hallado culpable y condenado a un año y un día de prisión, más tres años de libertad vigilada.
La defensa apeló y ahora el tribunal del Undécimo Distrito se ha pronunciado con una defensa de la ley con base en la cual fue condenado Jiménez-Shilon.
Según el fallo publicado en la página web del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito, los inmigrantes en situación irregular, como Ignacio Jiménez-Shilon, no están amparados por la Segunda Enmienda de la Constitución, que recoge el derecho de poseer y portar armas.