Decenas de miles de embarazos han sido el resultado de violaciones en estados donde el aborto no es una opción legal, estiman los investigadores en un nuevo estudio.
En el estudio, publicado este miércoles en la revista JAMA Internal Medicine, investigadores de Planned Parenthood, Resound Research for Reproductive Health e instituciones académicas de todo Estados Unidos utilizaron una combinación de encuestas federales sobre crimen y violencia sexual para estimar que hubo alrededor de 520.000 violaciones que llevaron a a 64.565 embarazos desde que se promulgaron las prohibiciones del aborto en 14 estados, variando por estado desde hace cuatro a 18 meses.
Otra investigación encontró que hubo menos de 10 abortos cada mes en estados con prohibiciones, lo que sugiere que la mayoría, si no todas, de las víctimas no pudieron abortar en los estados donde viven, incluso aquellos donde la ley permite excepciones por violación.
“Restringir el acceso al aborto a las sobrevivientes de violación puede tener consecuencias particularmente devastadoras”, escribieron los editores de la revista médica en una nota sobre la nueva investigación. “Se desconoce si estas sobrevivientes de violación tuvieron abortos ilegales, recibieron abortos con medicamentos por correo, viajaron a otros estados o llevaron al niño al nacimiento”.
Aproximadamente 1 de cada 5 adultos en EE.UU. dice que el aborto debería ser legal en todos los casos, según una encuesta de 2022 del Pew Research Center. Y una estadística mucho mayor –casi el 70% de los adultos– dice que el aborto debería ser legal si el embarazo es resultado de una violación.
Pero los expertos dicen –y la nueva investigación sugiere– que la realidad de poner esas excepciones en práctica es desafiante.
“Al igual que muchas excepciones incluidas en las prohibiciones del aborto, una excepción para las víctimas de violación puede parecer una solución razonable, pero en la práctica puede crear más trauma y peligro para los pacientes que ya han experimentado un evento traumático”, dijo el Dr. Sami Heywood, ginecólogo obstetra en Illinois y miembro del grupo de defensa Médicos para la Salud Reproductiva que no participó en la nueva investigación.
“Ningún otro tipo de atención médica está reservada únicamente para personas que puedan demostrar que se cometió un delito. Ésa no es una forma ética de practicar la medicina. Es cruel obligar a personas que ya han sido víctimas a saltar barreras legales y logísticas que causan más daño”.
Es posible que los proveedores de atención médica no siempre hagan la pregunta y que las víctimas no quieran revelar esta historia, pero incluso aquellos que lo hacen pueden enfrentar desafíos adicionales, dicen los expertos.