La nueva ley del gobernador de Florida, Ron DeSantis, hace que la vida cotidiana sea increíblemente difícil para los inmigrantes, sus familias y sus comunidades. El proyecto de ley del Senado 1718, que entró en vigencia el 1 de julio, tipifica como delito conducir a un inmigrante que ingresó a los EE. UU. sin inspección a Florida.
Algo tan simple como ir al supermercado se vuelve potencialmente peligroso. Llevar a un familiar indocumentado a una cita con el médico podría tener consecuencias que le cambiarían la vida. Es posible que los seres queridos que viven al otro lado de las fronteras estatales ya no puedan visitarse.
Esto es inconstitucional, así que el American Inmigration Council está demandando.
El Consejo Estadounidense de Inmigración se unió a una coalición de organizaciones (Centro de Leyes de Pobreza del Sur, Unión Estadounidense de Libertades Civiles, ACLU de Florida y Americans for Immigrant Justice) para luchar contra estas políticas odiosas. Presentamos una demanda en nombre de varias personas y de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida. La demanda desafía la Sección 10 de la nueva ley.