El corazón de María Acosta se encoge cada vez que escucha la pregunta.
“Señora, ¿tengo que mudarme?”
Los inmigrantes en Iowa siguen preguntándole. Y Acosta dice que no sabe cómo responder.
“Me siento impotente. Me siento frustrada”, dice Acosta, organizadora comunitaria del Movimiento de Migrantes por la Justicia de Iowa. “¿Qué puedo decirle a la gente? No puedo decirles: ‘Oh, no, todo va a estar bien’. No sé si todo va a estar bien. En este momento no está nada bien”.
El mes pasado, los legisladores de Iowa aprobaron rápidamente un proyecto de ley que le permitiría a la policía local arrestar a algunos inmigrantes indocumentados y daría a los jueces estatales el poder de ordenar deportaciones. El pasado miércoles, la gobernadora del estado firmó la ley que, si bien no entrará en vigor hasta el 1 de julio, Acosta y otros defensores dicen que la preocupación y la confusión ya son altas en las comunidades de inmigrantes.
“Me afecta cuando veo el miedo en sus caras. No saben qué hacer”, dice Acosta, “a pesar de que llevan 10 o 15 años viviendo aquí y esta es su casa”.
Iowa se encuentra entre al menos nueve estados que este año han evaluado restricciones que reflejan partes de la ley de inmigración de Texas conocida como SB4, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. Las propuestas aún están pendientes de aprobación en algunos estados. En otros, no se aprobó.
Se desconoce cómo los funcionarios harían cumplir y financiarían la medida de Iowa, conocida como SF 2340. Es probable que enfrente desafíos legales, lo que significa que su implementación podría retrasarse o incluso bloquearse en los tribunales, como ha sucedido hasta ahora con la ley de Texas que la inspiró. Sin embargo, los defensores dicen que esta incertidumbre no ha aliviado las preocupaciones sobre la posible discriminación racial y la erosión de la confianza entre las autoridades y las comunidades.
“¿Cómo deportarías a alguien? ¿Y quién? (…) Nadie sabe cómo podría aplicarse o se aplicaría esta ley”, dice Erica Johnson, directora ejecutiva del Movimiento de Migrantes por la Justicia de Iowa.
Esta estudiante universitaria ya decidió que abandonará su estado
Enya Cid no piensa quedarse para averiguarlo.
El próximo mes, la joven de 21 años se graduará en ciencias políticas de la Universidad Grand View en Des Moines.
El mes pasado revisaba las opciones de estudios de posgrado cuando los legisladores de Iowa votaron para aprobar el proyecto de ley de inmigración. Cid dice que eso la impulsó a tomar una decisión difícil sobre su futuro.
“Ya no quiero vivir en un estado donde siento que no me valoran”, comenta Cid, quien fue traída a Estados Unidos desde México cuando era una niña pequeña y asegura que ha vivido en Iowa durante los últimos 18 años.
Cid explica que solicitó una visa U, que brinda residencia legal y protección contra la deportación a las víctimas de delitos, y dice que le otorgaron un permiso de trabajo mientras su solicitud está pendiente. Pero teme que eso no impida que ella y muchos otros inmigrantes indocumentados en una situación similar sean objeto de la nueva medida.
Además de la nueva ley de Iowa, Cid dice que varios proyectos de inmigración en el estado no lograron ser aprobados por la legislatura. En conjunto, han “causado mucho caos y miedo en mi comunidad”, afirma.
Ahora, dice, a pesar de su reciente aceptación en la escuela de posgrado de la Universidad de Iowa, esa opción está descartada. Planea abandonar el estado y considerar otros programas en Arizona y Nuevo México, donde espera estudiar planificación urbana.
“Puede que no tenga derecho a votar”, comenta, “pero puedo votar con los pies”.
La aprobación de la SF 2340 en Iowa, dice Cid “me hizo sentir insegura”.
Pero incluso cuando se vaya de Iowa, Cid afirma que muchos de los miembros de su familia que ama se quedarán. Ella es muy consciente de que no todo el mundo puede darse el lujo de marcharse.
“Por más fácil que me resulte considerar mudarme, hay muchas personas en Iowa que han echado raíces aquí durante más de dos décadas”, dice. “Tienen negocios aquí. Son dueños de casas. Tienen hijos que nacieron y crecieron aquí”.
Cid dice que ha tratado de tranquilizarlos.
“He tratado de explicar la ley lo mejor que puedo”, afirma. “No estamos seguros de cómo (el fiscal general) haría cumplir esto. Soy una especie de voz que les dice: ‘Vayamos día a día y veamos cómo resulta’”.
Otros estados consideran medidas similares
Los estados donde los legisladores han considerado este año una legislación similar a la ley de inmigración de Texas comparten varias cosas en común. La mayoría de ellos tienen legislaturas dominadas por los republicanos. Y la mayoría de ellos no están cerca de la frontera entre Estados Unidos y México.
Además de Iowa, los legisladores también analizaron propuestas en los estados de Idaho, Kansas, Louisiana, Missouri y Carolina del Sur, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. Iniciativas similares fracasaron en Arizona, donde el gobernador demócrata del estado vetó un proyecto de ley aprobado por su legislatura dominada por los republicanos, y en Mississippi y Virginia Occidental, donde las medidas propuestas fallaron en el comité.
La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, quien expresó repetidamente su apoyo a los esfuerzos de su par de Texas para acabar con la inmigración ilegal, sostiene que los estados intervienen para asegurar la frontera porque el Gobierno federal no lo ha hecho.
“Aquellos que entran ilegalmente a nuestro país han violado la ley, pero (el presidente Joe) Biden se niega a deportarlos”, dijo Reynolds este miércoles. “Este proyecto de ley otorga a las autoridades de Iowa el poder de hacer lo que él no está dispuesto a hacer: hacer cumplir las leyes de inmigración que ya están vigentes”.
El proyecto de ley de Iowa convierte en un delito menor agravado que los inmigrantes se encuentren en el estado si han reingresado a EE.UU. después de que previamente se les haya negado la admisión o hayan sido deportados del país. También, requiere que los jueces estatales emitan una orden de deportación si un inmigrante es declarado culpable de ese delito menor agravado.
La medida llega en un momento en que la inmigración es un tema central en la campaña previa a las elecciones presidenciales de 2024. Los republicanos convirtieron en un punto central las críticas del enfoque de la administración Biden y la seguridad fronteriza, mientras que los demócratas acusan al presunto candidato republicano Donald Trump y a sus seguidores de exacerbar deliberadamente la crisis y boicotear posibles soluciones para ganar puntos políticos.
Con un número récord de inmigrantes que tratan de llegar a suelo estadounidense, las tensiones han estallado en la frontera entre Estados Unidos y México y en todo el país, a medida que los estados liderados por los republicanos intentan cada vez más tomar un mayor control de la aplicación de las leyes de inmigración.
Los patrocinadores del proyecto de ley de Iowa argumentan que tales medidas son necesarias debido a lo que consideran una “invasión” en la frontera. Los críticos califican el proyecto de ley de Iowa y otras medidas estatales propuestas como discriminatorias e inconstitucionales, y argumentan que el Gobierno federal supervisa la aplicación de la ley de inmigración, no los estados.
Una tendencia similar se desarrolló después de que Arizona aprobara una controvertida ley de inmigración en 2010, dice Anand Balakrishnan, abogado del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles.
La Corte Suprema finalmente anuló la mayor parte de la ley de Arizona de 2010 y la ola de leyes estatales que la siguieron, tras considerar que los estados no podían aplicar políticas de inmigración que socavaran la ley federal. En su fallo del 2012, el tribunal dejó en pie una de las partes más controvertidas de la ley de Arizona: una disposición que permite a la policía comprobar el estatus migratorio de una persona mientras hace cumplir otras leyes si existe una “sospecha razonable” de que la persona se encuentra ilegalmente en Estados Unidos.
Actualmente, la SB4 está suspendida en Texas mientras se desarrolla un desafío legal en su contra en los tribunales.
De todos modos, expertos legales le dijeron a CNN este mes que el caso de Texas podría eventualmente brindarle a la Corte Suprema, de mayoría conservadora, la oportunidad de examinar de nuevo el control que el Gobierno federal ha mantenido durante mucho tiempo sobre la política de inmigración.
Los defensores de los inmigrantes dicen que se preparan para luchar contra cualquier otra medida estatal que se convierta en ley. Aún así, si esas medidas finalmente son bloqueadas por los tribunales, como esperan sus defensores, su impacto ya se está sintiendo.
“La legislación es tan amplia, tan opresiva, que crea este nivel de miedo y caos, incluso con el simple hecho de promulgarla”, dice Balakrishnan.