La migración es uno de los temas clave de la elección presidencial en Estados Unidos este año. La oposición republicana usa el repunte en la entrada de migrantes de manera irregular para atacar al presidente demócrata Joe Biden, de no hacer nada para contener este flujo. En respuesta, el mandatario critica que los republicanos rechazaron un proyecto bipartidista que permitía, entre otras cosas, el cierre de la frontera con México.
Sin embargo este tipo de enfoques, así como la ley SB4 de Texas, no toman en cuenta una parte importante de la ecuación: las decisiones que tomé el gobierno mexicano, ahora encabezado por Andrés Manuel López Obrador, pero cambiará a partir del 1 de octubre.
La ley texana —actualmente suspendida por una orden judicial— permitiría a la policía estatal detener a cualquier persona sospechosa de haber entrado de manera irregular a territorio estadounidense, con penas de hasta 20 años de prisión y el permiso de deportar a México a estas personas.
“México no aceptará, bajo ninguna circunstancia, repatriaciones por parte del estado de Texas”, indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en un comunicado. México tiene el “derecho legítimo a proteger los derechos de sus nacionales en los Estados Unidos y a determinar sus propias políticas con respecto a la entrada en su territorio”, indicó la cancillería mexicana.
Aunque Donald Trump, virtual candidato republicano a la presidencia, ha prometido “la operación de deportación más grande de la historia de Estados Unidos” y el presidente Joe Biden dijo que una medida fronteriza bipartidista del Senado ahora descartada le permitiría “cerrar temporalmente la frontera”, ninguno de los dos escenarios podría ocurrir sin el visto de bueno de México y otros países que deben aceptar migrantes retornados y cooperar para detener el movimiento de otros a la frontera de los Estados Unidos, de acuerdo con un reporte del Migration Policy Intitute (MPI).
“De manera más general, los líderes de la Ciudad de México, San Salvador, Quito y muchas otras capitales desempeñan un papel clave en la configuración de la migración antes de que llegue a los Estados Unidos”, indica el MPI.
Las políticas nacionales para limitar o acelerar los movimientos migratorios en la región pueden estar moldeadas por la presión de los Estados Unidos, pero los países latinoamericanos diseñan este tipo de medidas con bases en sus propias políticas internas y desafíos de capacidad.