Hace 20 años que Estados Unidos no recibía tantos inmigrantes como en 2022. A pesar de las políticas adoptadas por los gobiernos de la potencia norteamericana, 221.303 personas fueron detenidas intentando ingresar desde México.
Desde que asumió Joe Biden, la cifra ha aumentado mes a mes casi sin excepciones, y nada hace pensar que esa tendencia vaya a cambiar. La inestable situación en Centroamérica y el Caribe, la crisis económica desatada tras la pandemia y la sensación de que tras la salida de Donald Trump la mano estaría menos pesada de parte de las autoridades estadounidenses, podrían explicar el fenómeno.
Pero hay algo más: en mayo, el gobierno de Biden rescindió la norma conocida como Título 42, que permite expulsar a los inmigrantes apelando a la situación sanitaria desatada por el coronavirus.
Si bien la Casa Blanca ya ha dicho que, en su reemplazo, aplicará el Título 8, que es la norma estándar para las expulsiones rápidas, de todas formas el Gobierno de Biden decidió desplegar su diplomacia en Centroamérica, para llegar a acuerdos que permitan limitar el flujo migratorio.
Parte de esa artillería es el refuerzo de la seguridad fronteriza, pero también la inyección de recursos para generar oportunidades de empleo en los países de origen. Un ejemplo es el plan de 1.200 millones de dólares anunciado en diciembre de 2012 por Kamala Harris, y que cuenta con el respaldo de empresas privadas. El objetivo es acabar con las raíces del problema: la pobreza, la falta de oportunidades, la inseguridad y el cambio climático.