Casi 25 años después de presentar una demanda contra la industria de armas de fuego por no evitar la venta ilegal de las mismas, la ciudad de Gary, en el noroeste de Indiana, logró una importante victoria el otoño pasado, cuando un juez ordenó a los fabricantes de armas que entregaran registros de producción y ventas de varios años.
Sin embargo, en marzo, el gobernador Eric Holcomb firmó una nueva ley que, de manera retroactiva, prohíbe que las ciudades presenten tales demandas, dando fin al caso. Los republicanos señalaron que la industria de las armas de fuego no es responsable de las ventas ilegales. Los detractores de esa industria afirman que la ley deja claro que los fabricantes no consideran prioritario acabar con los crímenes cometidos con armas de fuego y refleja su apatía hacia los residentes de Gary, que en su mayoría son de origen negro.
“Hay violencia por armas de fuego en todas partes de Estados Unidos”, sostuvo la reverenda Dena Holland-Neal, que reside en Gary desde hace mucho tiempo. “Y alguien tiene que rendir cuentas”.
Gary tiene una mayor diversidad racial que el resto de Indiana y, al estar justo al este de Chicago, es uno de los pocos bastiones demócratas. La mayoría de su población, que se calcula en 67.970 habitantes, es negra, en contraste con 10% de la población de todo el estado, según la Oficina del Censo de Estados Unidos.