Este martes el Departamento de Estado presentó su Informe de Tráfico de Personas de 2022 donde se incluye a 21 países en la lista negra. El gobierno de los Estados Unidos considera que los tres países incumplen los estándares marcados por la ley estadounidense contra este fenómeno. La ley establece métodos para evitarlo y proteger a las víctimas. Junto con los tres países latinos se encuentran otros 19 países, entre ellos están China, Corea del Norte, Siria, Irán, Rusia y Bielorrusia.
De los tres países latinos, el más criticado es Venezuela. En el informe se afirma que el gobierno de Nicolás Maduro no reúnen lo necesario para cumplir con los estándares ni hace nada por hacerlo. El país sudamericano tampoco establecería un apoyo a las víctimas ni realizaría persecuciones contra los traficantes.
Por el lado de Cuba, el informe resalta que se han realizado esfuerzos por combatir el tráfico realizando investigación, el enjuiciamiento y la condena de traficantes. Sin embargo, se señala que el gobierno cubano estaría recurriendo a la mediadas que bordean la explotación laboral. Prueba de esto son las ONG que apoyan a ex participantes de misiones médicas que afirmar haber sido víctimas de estos abusos. Así también, afirman que los traficantes explotan a cubanos tanto dentro como fuera de la isla.
En el caso de Nicaragua, han señalado que el gobierno de Daniel Ortega ha minimizado la gravedad de este mal. Es por esto que se le acusa de hacer solo ligeros esfuerzos para luchar contra este crimen. El gobierno de Nicaragua tampoco ha otorgado refugio ni fondos para ayudar a las víctimas del tráfico. Finalmente, se apunta que observadores han cuestionado la validez de los procesos judiciales contra este delito. La acusación afirma que el gobierno habría estado clasificando los casos de otra manera para reducir la estadística.