La audiencia de esta tarde del ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, en la corte federal del distrito central de California, en Los Ángeles duró sólo cinco minutos.
Cienfuegos sigue detenido. Se le preguntó si había leído la acusación, y dijo que sí. Posteriormente se agendó una nueva audiencia para el martes 20 de octubre a las 13:00 horas.
La Fiscalía de Estados Unidos acusa al ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, de cuatro delitos, tres de narcotráfico y uno de lavado de dinero, y lo vinculó con el cártel H-2, grupo con orígenes en el grupo de los Beltrán Leyva, con el que se coludió para traficar miles de kilogramos de droga a Estados Unidos, según documentos judiciales.
Según un documento judicial, los delitos se cometieron entre diciembre de 2015 y febrero de 2017, e incluyen manufactura, distribución e importación de heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana, además de lavado de dinero de todos los beneficios conseguidos con el tráfico ilícito de esas sustancias.
“Gracias en gran parte por la asistencia corrupta del acusado, el cártel H-2 llevó a cabo su actividad criminal sin interferencia significativa del ejército mexicano e importó miles de kilogramos de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana a Estados Unidos”, escribieron los fiscales.
“A cambio de sobornos, [Cienfuegos] permitía […] que [el cártel] operara con impunidad en México”, resume el documento judicial.
“El dinero recibido del narco aseguraba que los agentes de seguridad mexicanos “arrestaran y torturaran narcotraficantes rivales, liberaran miembros del cártel H-2 de la cárcel, y la habilidad de conducir su actividad delictiva narcotraficante y de tráfico de armas y violencia -con docenas de aseinatos- sin tener que rendir cuentas”.
Además, el beneplácito del general Cienfuegos permitía al grupo narcotraficante asegurarle que el ejército no actuara sobre el cártel, que los militares iniciarían operaciones contra organizaciones rivales, ayudar en la expansión de territorio controlado hacia Mazatlán y Sinaloa, colaborar en la ampliación del registro de funcionarios corruptos, y la alerta de actuaciones e investigaciones policiales que podrían causar disrupción a la actividad narcotraficante.
El gobierno de Estados Unidos llevaba desde agosto de 2019 con la acusación sellada. Desde entonces, agentes de la DEA, la agencia antinarcóticos estadounidense, y el departamento de Justicia de Estados Unidos trabajaban para ver cómo detenerle, teniendo en cuenta sus “infrecuentes” viajes a la Unión Americana. El general mexicano fue detenido este jueves en el aeropuerto de Los Ángeles, al que llegó con su familia. La orden de aprehensión fue expedida por la DEA.
En sus memorandos, los fiscales estadounidenses aseguran que tienen mucha evidencia que corrobora su acusación, incluyendo “miles de mensajes de Blackberry interceptados”.
“La evidencia que apoya estos serios cargos son robustas, incluidas miles de comunicaciones interceptadas entre miembros del cártel H-2, el acusado y otros funcionarios corruptos, testimonio de múltiples testigos cooperantes sobre operaciones del cártel H-2 y numerosas incautaciones de droga”, apuntan.