La gobernabilidad y la estabilidad de las instituciones en el Perú ha sido tema constante de diversos analistas a lo largo del tiempo y durante el reciente retorno a la democracia luego del recordado golpe de Estado dado por Alberto Fujimori durante la época de los 90’s. Mucho se discute en cuanto al avance de la gobernabilidad y la estabilidad del país en relación a la elección presidencial que se realiza cada cinco años y poco se discute en cuanto al fortalecimiento de la seguridad jurídica y el afianzamiento de las instituciones luego de retornar a la democracia.
La importancia de ello es crucial y se ve en temas tan relevantes como el fortalecimiento del sistema de partidos, la forma en cómo se desarrollan las elecciones, el equilibrio de poderes y los límites y competencias que tiene cada institución respecto a su configuración y creación orgánica. Una de ellas es la famosa cuestión de confianza, un mecanismo constitucional que corresponde al principio de equilibro de poderes mediante el cual el ejecutivo puede ejercer su papel de control frente al legislativo, siendo un punto importante respecto a la gobernanza orgánica de los distintos poderes del Estado frente a la agenda del país.
Sin embargo, existe un problema muy grande alrededor de esta figura y de otras tales como las causales de vacancia, lo cual resulta visible incluso para los menos experimentados en análisis político. Comenzando por apuntar la cantidad de veces que se ha utilizado este recurso a lo largo de un solo periodo presidencial, así como la reciente intención del congreso de utilizarlo frente al gobierno de Castillo, que si bien no es el gobierno ideal es un gobierno reconocido por las instituciones democráticas que se encargan de la legitimidad y la seguridad electoral.
El peligro de esta falta de claridad está en el espiral de confrontaciones que actualmente estamos viviendo y que, aunque parecen cesar por momentos, se mantiene constantemente alrededor de un discurso partidario mediante el cual los agentes se enfrentan polarizadamente uno contra el otro pero anteponiendo prioritariamente sus intereses como individuos y como partidos políticos. Si preguntamos respecto a la responsabilidad y sobre quién recae la tarea de afinar la composición orgánica y legítima de estos mecanismos de control sin duda la respuesta estaría en el Tribunal Constitucional, quien frente a la demanda de competencia que presentó Vizcarra frente a su inminente vacancia decidió no opinar sobre el tema y dejar un concepto abierto que a la fecha resulta una bomba de tiempo para la estabilidad del país.
Frente a la decisión inconstitucional del Congreso de regular con sus propias manos, y fuera de sus competencias, un principio constitucional que fundamenta nuestro ordenamiento como es el pedido de cuestión de confianza, empezamos una nueva etapa de enfrentamientos en los que figuras políticas tales como la actual presidenta del Congreso y ciertas bancadas opositoras buscan desestabilizar a toda costa la poca gobernabilidad que se trató de conseguir al momento de renovar el gabinete ministerial. Definitivamente, los tiempos movidos en Perú todavía continúan y lo que es primordial en adelante es denunciar y exigir que se ponga al Perú primero, porque necesitamos más que ser gobernados, gobernantes que puedan estar a la altura de las agudas necesidades de un país tan diverso pero tan golpeado como lo es el Perú.