Pocas veces el drama de un país pequeño de América Latina, como Ecuador, ha ocupado tanto espacio en la prensa internacional. El tema se coloca en primer lugar a nivel informativo internacional y, por supuesto, es objeto de profundos análisis políticos debido a sus consecuencias para la región.
La violencia desencadenada en Ecuador interesa y asusta al mismo tiempo a los gobiernos de Latinoamérica, ya que algunos parecen cómplices o copartícipes en el accionar de estas bandas criminales, mientras que otros no abordan con seriedad el tema de la seguridad nacional que los aflige. Hasta el punto de que, en los sondeos de opinión, el tema de la seguridad aparece como más grave que el de la economía.
Desde Río Grande hasta Tierra del Fuego, las bandas criminales involucradas en el comercio de drogas y armas se están volviendo más visibles y peligrosas, creando alarma entre los ciudadanos, para quienes simplemente salir a la calle puede suponer un peligro para sus vidas. Ecuador es uno de los casos más emblemáticos.
La violencia urbana, donde se entrelazan las fuerzas policiales con los traficantes de drogas, así como con los políticos corruptos en busca de votos, se está agravando cada año. Actualmente, existen ciudades en América Latina que están dominadas por las organizaciones criminales, a tal nivel que para que un candidato en elecciones resulte difícil, sino imposible, salir victorioso sin la ayuda oculta y a veces hasta abierta de alguna de estas bandas. Un ejemplo de ello es Brasil. Según el columnista de O GLOBO, Sr. Malú Gaspar, hoy en Brasil “milicias y narcotraficantes están tan mezcladas y son llamadas narco-milicias, que ya dominan parte del territorio nacional”. Concluye que “la alerta de Ecuador es muy válida para Brasil”.
Según el Programa de Asistencia Contra el Crimen Transnacional Organizado (PACCTO), la amplitud y porosidad de las fronteras terrestres, marítimas y aéreas en América Latina potencian las actividades de al menos 436 grandes grupos criminales. Estos se nutren y fortalecen debido a la fragilidad de los Estados, los conflictos internos, la corrupción y la desigualdad social y económica.
Según esa misma organización, “la mayoría de estas 436 bandas delictivas en Latinoamérica, entre cárteles, pandillas, bandas y clanes familiares, se dedican principalmente al tráfico de drogas, responsable de los altos índices de violencia en la región”. Esta evaluación detectó 147 grupos vinculados con el narcotráfico, de estos, 142 se dedican al tráfico de cocaína, drogas sintéticas, NSP y precursores, y 5, al tráfico de cannabis. Además, algunos combinan estas actividades con otros ilícitos: 102 están relacionados con delitos contra la propiedad, robo de vehículos; 108, en robos y hurtos organizados; 98 se dedican a asesinatos, extorsión y trata de personas; 5 a la ciberdelincuencia, y 3 a delitos ambientales. Esta evaluación es, en sí misma, un llamado de atención a los gobiernos de la región.
En el año 2016, Ecuador estaba catalogado como el segundo país más seguro de la región, mientras que para el recién terminado año 2023 es catalogado como uno de los más peligrosos. Está claro que Ecuador atraviesa una crisis interna de dimensiones inéditas donde está en juego la propia supervivencia del Estado.
Esto se debe a la fragilidad de su democracia, que mantiene una situación de excepción como consecuencia de la inestabilidad política generada desde antes de la salida del poder de Rafael Correa.
En una carta abierta dirigida al entonces presidente Guillermo Lasso, en el año 2022, el alcalde de Guayaquil escribió: “las bandas criminales se han convertido en un estado dentro del estado”, lo que significa que la escalada de delitos violentos ha debilitado las instituciones del Estado, que se muestran incapaces de dar respuesta a uno de los principales problemas que enfrenta Ecuador. Este aumento de la inseguridad se manifestaría, fundamentalmente, en dos niveles: el primero, la crisis carcelaria que sufre el país, factor que en esta ocasión ha actuado como detonante tras la fuga de Adolfo Macías, alias “Fito”, líder de la banda Los Choneros, de una cárcel en Guayaquil. Esta fuga, que no es la primera, muestra la debilidad de un sistema penitenciario que arroja cifras alarmantes de convictos asesinados entre los años 2021 y 2022.
El segundo, la intensificación de la delincuencia y de las actividades relacionadas con el narcotráfico que tienen una presencia exponencial en ese país, en un espacio muy breve de tiempo, intensificando la violencia en las ciudades costeras del país y penetrando de forma masiva en el tejido social ecuatoriano, con especial incidencia en Guayaquil, ciudad costera donde conviven más de una decena de bandas criminales vinculadas a la actividad del narcotráfico.
El Think-Tank Crisis Group señala que: “Como parte de una reconfiguración del mercado de drogas, para los narcotraficantes se ha vuelto más rentable exportar por Guayaquil que por el Pacífico colombiano, porque las fuerzas de seguridad son menos sofisticadas que en Colombia y porque Guayaquil tiene una vieja tradición portuaria”.
Sin embargo, todo esto no ha generado una respuesta contundente por parte de la justicia; al contrario, lo que se percibe es la cooptación de policías y militares por parte de las organizaciones criminales y aparentemente alcanza a fiscales y jueces. Pero es ahí donde realmente se encuentra el origen del problema en Latinoamérica: LA PERMANENTE AUSENCIA DEL ESTADO.
El auge del narcotráfico coincide con los gobiernos de Moreno y Lasso, que en un intento por reducir el tamaño del Estado han generado, en las regiones costeras, un vacío de poder donde el Estado apenas tiene margen de acción. Es ahí donde reside la disputa de poder que está en juego desde hace un tiempo, y que puede ubicar al Estado ecuatoriano bajo un riesgo existencial, ya que el espacio que abandona el estado es inmediatamente ocupado por el NARCO.
Vale señalar que en Ecuador operan tres bandas criminales transnacionales: el cartel Jalisco Nueva Generación, el cartel de Sinaloa y el cartel de los Balcanes, a los que se les unen 22 bandas criminales ecuatorianas.
A todo lo anterior habría que sumarle la pobreza, el desempleo, el poco acceso a la educación, la deficiente atención médica y los deficientes servicios públicos, los ingredientes perfectos para una tormenta política, económica y social perfecta.
Daniel Noboa lleva 60 días en el poder y se enfrenta ahora a la mayor crisis de todas, la que han provocado las bandas criminales en su deseo de controlar todos los resortes del Estado. Si bien durante la campaña señaló que tenía un plan para combatir la inseguridad, hasta el momento solo ha pedido al ejército que patrulle las calles, una receta ya aplicada por los presidentes anteriores.
Esa muestra de poder de parte de las bandas criminales es una señal de que no solo los medios son también un espacio en disputa para el crimen organizado, sino todo el territorio nacional y las instituciones del país.
Pero, ¿y América Latina?
Si bien es cierto que existen 436 bandas delictivas activas, fuertemente armadas y con una posibilidad previsible de generar un escenario de conflicto contra el Estado, también es cierto que las Fuerzas Armadas son relativamente bien valoradas por la ciudadanía, ya que en muchos países de la región son consideradas como la única institución capaz de garantizar el orden y la seguridad. Es de señalar que la militarización de la vida pública podría poner en riesgo las propias democracias y aumentar las derivas autoritarias de algunos líderes latinoamericanos.
Lo que quiero señalar es que lo que está en juego ahora es el Estado, y sin él, no hay espacio para la democracia. Es decir, que este no es un problema solamente de Ecuador, es de toda la región y lo que es peor, no estamos en condiciones de dar una respuesta regional a ningún problema. La pandemia del covid-19 es la muestra más reciente de ello; la región solo dio respuestas mediocres unilaterales cuando tenemos toda una constelación de organizaciones regionales, y no sirvieron para eso. Poco podemos esperar que este caso sea diferente, no creo que la OEA, UNASUR, CELAC o la Comunidad Andina sean capaces de elaborar y desarrollar un plan para contrarrestar, de manera conjunta, el accionar de las bandas criminales.