En una carta abierta dirigida al presidente Guillermo Lasso, el alcalde de Guayaquil escribió “las bandas criminales se han convertido en un estado dentro del Estado”, lo que significa que la escalada de delitos violentos ha debilitado las instituciones del Estado, que se muestran incapaces de dar respuesta a uno de los principales problemas que enfrenta Ecuador. Según señala el Ministerio del Interior de ese país, en el 2022 los homicidios intencionales alcanzaron una cifra récord de 4.603 asesinatos, lo que significa un 83% más que en el 2021 y ubicó al país como uno de los más violentos de América con una tasa de 25 crímenes cada 100.000 habitantes. La cifra más alta jamás registrada en el país.
La policía atribuye el 85 por ciento de esos asesinatos a enfrentamientos entre grupos criminales que se disputan el control de la distribución y exportación de drogas, principalmente cocaína.
Dado ese escenario el Presidente Guillermo Lasso autorizó a los ciudadanos a portar armas. Una medida que deroga una normativa anterior diseñada, precisamente, para contener la violencia. Desde ahora, cualquier ecuatoriano de más de 25 años, que supere unas pruebas psicotécnicas, entre otros requisitos, podrá tener acceso a una pistola.
Esa medida generó entre otras preguntas la siguiente: ¿Mejora realmente la seguridad pública en Ecuador si los ciudadanos se arman?
Antes de responder a esa pregunta vale la pena hacer un breve repaso del escenario delincuencial de ese país. El think-tank CRISIS GROUP, señala que “la proximidad de Ecuador a los principales productores de cocaína, una economía dolarizada e instituciones estatales propensas a la corrupción, han convertido al país en el epicentro del narcotráfico y otros delitos violentos en América Latina”.
Ecuador había sido considerado, en otros tiempos, como uno de los países más seguros de América Latina. Sin embargo eso cambió, los enfrentamientos entre grupos criminales que compiten por el comercio de la droga se han agravado, los actos de violencia van desde la utilización de carros bomba, hasta drones arrojando explosivos sobre las cárceles.
Otro ejemplo de ello es que en el año 2022, en Ecuador se incautaron 9.553 armas ilegales, según registró la Dirección de Estudios de Seguridad. Y solo entre enero y febrero del corriente año 2023 se decomisaron 1.722 armas de fuego.
A todo lo anterior habría que sumarle la pobreza, el desempleo, el poco acceso a la educación, deficiente atención médica, deficientes servicios públicos, los ingredientes exactos para una tormenta política, económica y social perfecta.
La respuesta a la pregunta antes realizada esta compuesta de varios elementos:
1.- La garantía de la seguridad no viene dada por la acumulación de armas, tecnología u otros pertrechos bélicos, sino por resolver la conflictividad en las relaciones sociales. Esto último pudiera ser el punto de quiebre entre la realidad verdadera y la ficción.
2.- Si se quiere combatir al crimen organizado, lo primero que habría que hacer es fortalecer las instituciones del estado responsables de la aplicación de la justicia.
3.- Lo segundo es que las estrategias de seguridad necesitan atender a una multiplicidad de factores que incluyen, entre otros, las crisis políticas, la pobreza, los flujos migratorios, el fortalecimiento del flujo de inversiones contra el crimen organizado y las mafias transnacionales, así como el apoyo internacional.
4- El mensaje que se está dando a la sociedad ecuatoriana con una decisión como esa, es que esa tarea trasciende a lo que puedan hacer solamente las fuerzas de seguridad del Estado y que necesita el apoyo de la población civil. Es decir que el Estado, responsable de la seguridad de sus ciudadanos, no está en condiciones de garantizarla y que no importa si te armas o no, siempre estarás en peligro.
5.- Se corre el riesgo de una escalada armamentista de las organizaciones delictivas en Ecuador.
6.- Por último, a pesar de que este tipo de salidas fomentan la autodefensa, todo parece indicar que no es la solución más sensata, por decirlo de alguna manera.
La segunda pregunta es ¿cómo combatir al crimen organizado si todo el dinero sucio que producen las bandas criminales proveniente de tala ilegal de bosques, tráfico de drogas, armas y personas termina licuándose en el sistema financiero nacional o filtrándose en el sistema empresarial formal? La respuesta a esta pregunta se las dejo a ustedes.
Pero el caso de Ecuador no es único, sucede lo mismo y con iguales características en el resto de América Latina, desde México hasta la Patagonia, pasando por Ecuador y Perú. La expansión del crimen organizado, alimentada por el narcotráfico y la explotación de los flujos migratorios, ha disparado los índices de violencia y, en mayor o menor medida, repercute en todas las esferas de la vida pública, siendo la consecuencia más directa el descontento de la población y, en el terreno político, el revés que supone para los políticos de la región.
Otro dato importante a tener en cuenta es que el índice mundial de criminalidad registra que en América Latina se produce el 37% de los crímenes a nivel mundial, teniendo solamente el 8% de la población global. Muy preocupante.
Volviendo a Ecuador, según el índice global de crimen organizado, el tráfico de armas es el segundo negocio ilícito más exitoso de Ecuador, lo cual se agrava con la existencia de entidades judiciales y de seguridad que no tienen la transparencia, supervisión y rendición de cuentas, y en consecuencia se amplía, a las bandas criminales, su capacidad para controlar no sólo las armas que poseen sino las que serían importadas para el comercio interno.
Lo mismo pasó con algunos gobiernos de El Salvador anteriores a Bukele, cuando emprendieron su famosa guerra contra las drogas y terminaron armando, hasta los dientes, a las famosas maras.
La experiencia internacional sobre el vínculo entre seguridad pública y la mayor libertad de tenencia y porte de armas nos describe una ecuación muy clara: Cuanto más tenencia de armas en la población civil, más altos son los índices de violencia interpersonal y homicidios.
Si en EE.UU., donde sus habitantes tienen mayor posibilidad de portar armas de forma legal, la delincuencia no ha desaparecido, y esto pese a que tiene un mejor nivel de vida y una Policía más eficaz y preparada, a la que incluso, algunas veces se le hace difícil dar con quien cometió un homicidio, imagínense eso mismo en un país subdesarrollado, en el que las carencias están al orden del día y la irresponsabilidad y la corrupción parecen una marca registrada.